¿Por qué no se realizan proyectos importantes en las zonas vulnerables, por ejemplo? El problema es la gestión y no el marco jurídico del país, sostiene el doctor Guillermo Chang.
Por Elena Belletich Ruiz. 09 enero, 2023. Publicado en el suplemento Semana, del El Tiempo, el 8 de enero del 2023¿Una reforma política?, ¿nuevas leyes?, ¿una nueva Constitución? Estas son las propuestas que se lanzan desde diversos sectores como la panacea para combatir la pobreza y la desigualdad. Al respecto, el doctor Guillermo Chang, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura sostiene: “El problema no son las leyes sino la gestión. El marco jurídico del país no impide la realización de proyectos importantes” que ayuden a solucionar los principales problemas del país y a reducir las brechas existentes.
Sin embargo, continúa, “en muchos organismos públicos, sus funcionarios no tienen el perfil que el cargo exige. Además, es sabido que en diversos órganos que dependen de autoridades electas, los nombramientos se hacen como consecuencia del apoyo brindado en la campaña. Así, el clientelismo abunda en el país e impide el desarrollo”.
Además, el jurista, experto en Derecho Administrativo de la UDEP, señala como otra necesidad urgente, además de la capacidad técnica, la de elegir bien a las autoridades. “Se necesitan buenos funcionarios. Durante el mandato del presidente Castillo, el país se ha dado cuenta de la importancia de elegir bien a las autoridades. Lima ha sido consciente de lo que pasa en las regiones y provincias desde que la descentralización se ha hecho realidad. Por ello, es importante que estos organismos tengan funcionarios profesionales independientes del poder de turno. Con ello, se evita el populismo y se garantiza la continuidad de las políticas públicas”.
Por otra parte, respecto a las enormes sumas de presupuesto sin ejecutar que hay en los gobiernos regionales y locales, cada año, el docente universitario señala que esto no se arregla con regulaciones ni leyes, pues el problema es la falta de capacidad técnica de las autoridades.
En este sentido, indica que el Derecho administrativo tiene dos funciones, en el proceso de solución de los problemas que aquejan al país: “la primera es garantizar las formalidades de la toma de decisión, con el fin de que el funcionario se someta a la ley y decida prudentemente. En algunas ocasiones, además de esto, hay algún principio material que respetar en las decisiones. Ejemplo de ello es el principio de subsidiariedad en materia económica. Aquí el Estado interviene como un operador en el mercado solamente cuando el sector privado no puede”.
El mejor remedio: la meritocracia
Chang Chuyes indica que, como se ha visto, la elección popular no garantiza que lleguen los mejores perfiles a dirigir o trabajar en las instituciones públicas y entidades responsables de ejecutar los proyectos importantes en salud, educación, vivienda, alimentación y otros. Por ello, habla de la necesidad de una reforma que permita que los funcionarios “sean elegidos en una competencia lo más transparente posible. Esta reforma debe ser doble: por un lado, que mejore la información que se brinda en la elección; y por otro, que garantice que haya funcionarios profesionales en la propia institución”.
Para ello, señala la necesidad de que la información sea transparente, en torno al candidato y sus propuestas. “Las instituciones electorales deben publicar toda la información relevante del candidato, en especial los procesos judiciales y administrativos en curso y finalizados (incluyendo los absolutorios). Además, deben verificar que los planes versen sobre las específicas competencias de las instituciones a las cuales se postula, dentro del marco legal. La transparencia en esa información es importantísima para una buena elección”, subraya.
Asimismo, agrega que hace falta contemplar un importante elemento social: “Un sano espíritu crítico en la prensa y la sociedad civil al momento de establecer el debate; este debe estar centrado en el análisis político y técnico de las políticas públicas que propone el candidato. En el caso de designación de funcionarios por políticos, también debe hacerse un concurso meritocrático, como ha ocurrido en la última elección del Tribunal Constitucional”.
Y, para fortalecer la meritocracia, la transparencia, la ética y capacidad técnica, el profesor Chang agrega un importante elemento más: “Se necesita un servicio civil meritocrático, con una auctoritas que haga contrapeso a la omnipotente potestas de la autoridad elegida. Ello evita el populismo del elegido, y hace posible que haya continuidad en la institución pública. Así, se debe detallar el perfil del cargo público y establecer concursos meritocráticos para la selección de personal. Además, se debe reducir los cargos de confianza y la precariedad de los puestos de trabajo en el Estado para que puedan llegar los mejores”, anota.
